El Injuve y el CJE presentan el estudio 'Juventud en riesgo: análisis de las consecuencias socioeconómicas de la COVID-19 sobre la población joven en España'
- Según el informe, salvo por el papel de salvaguarda que están ejerciendo por ahora las prestaciones de empleo, todo indica que la población joven experimentará con especial intensidad la probable merma en la actividad y de la crisis de empleabilidad que ya se observan a escala general.
- María Teresa Pérez, Directora General del Injuve: “desde el Gobierno debemos continuar en la línea de la protección social y laboral que ha marcado esta crisis con el Ingreso Mínimo Vital y el Acuerdo Social en defensa del empleo, pues son medidas que benefician a la juventud por su carácter transversal”.
12 de junio de 2020.- Las personas jóvenes son las que han experimentado con mayor intensidad los efectos del parón económico derivado del confinamiento tal y como reflejan la caída de la tasa de actividad y la caída de la tasa empleo.
En comparación con el mes de marzo, en abril hay un 33,3% más de personas jóvenes en paro y un 82,4% más que son demandantes de empleo. Además, la tasa de paro de la población joven en España se sitúa en el 25,2% durante las primeras semanas del estado de alarma, registrando un incremento trimestral más de dos veces superior al que se ha registrado entre la población de 30 a 64 años.
Estos son algunos de los datos que recoge la primera entrega del estudio 'Juventud en riesgo: análisis de las consecuencias socioeconómicas del COVID-19 sobre la población joven en España', elaborado con fuentes secundarias por el Instituto de la Juventud (Injuve) y el Consejo de la Juventud de España (CJE) con el fin de medir el impacto de la pandemia y de las medidas de confinamiento sobre un mercado laboral juvenil previamente sesgado, precario, eventual y mal remunerado, que en los últimos meses de 2019 presentaba síntomas de una relativa recuperación. Una segunda entrega evaluará la situación post-pandemia y el crecimiento perdido, en términos relativos, entre las expectativas y la realidad del segundo semestre de 2020.
Según el informe, que el incremento de la demanda de empleo haya sido muy superior al del paro registrado puede entenderse como una aproximación indirecta del alcance de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Si en marzo de 2020 figuraban como demandantes de empleo 862.801 personas jóvenes en España, un mes más tarde la cifra ha aumentado hasta las 1.350.736 personas.
La protección ante los ERTE ha constituido una medida especialmente positiva para las personas jóvenes. De hecho, en abril de 2020, la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo de estas personas ha sido, por primera vez en años, superior a la del resto de la población. No obstante, una de las conclusiones de este estudio es que la protección de los ERTE constituye un paraguas temporal, pues un 41% de los jóvenes acogidos a un ERTE, aunque mantienen su relación con la empresa, enfrentan un riesgo específico y grave de engrosar las filas del paro si ésta no recupera su plena actividad una vez terminado el estado de alarma, es decir, los jóvenes son el colectivo con mayor riesgo de perder el empleo ante el fin de los ERTE. Se trata de uno de los problemas de nuestro sistema laboral dual: el sistema contrata jóvenes en precario en épocas de bonanza y de mayor demanda y los expulsa a bajo coste cuando se presentan crisis de consumo, concluye el informe.
Así, muchas personas jóvenes que, por ahora, están cubiertas por un ERTE ocupan puestos de trabajo precarios. Atendiendo solamente a la temporalidad, el 36,8% de las personas jóvenes figuran como afiliadas a la Seguridad Social con contratos eventuales, mientras que en los demás grupos de edad el porcentaje es del 16,2%. Por tanto, la precariedad laboral amenaza a los jóvenes de dos maneras: de forma inmediata serán los primeros en ser despedidos al término de los ERTE y, a medio plazo, los que conserven sus empleos serán los más expuestos al despido si se materializa la amenaza de una emergencia económica provocada por el Coronavirus.
Esto también se refleja por sectores. Según el Banco de España, los sectores potencialmente más afectados por una caída de la demanda tras el COVID-19 son los que están vinculados con el turismo, la restauración, el ocio de masas, el comercio o la información. El Gráfico 2 muestra cómo las personas con empleos más vulnerables según sector de actividad son las personas jóvenes, llegando a un 82,1% en la hostelería o a un 74,9% en el comercio, dos de los sectores de actividad en riesgo.
Los autores del informe reconocen que, con la información disponible hasta abril de 2020, todavía es demasiado pronto para realizar un balance completo de las repercusiones a corto y medio plazo de la declaración del estado de alarma en la situación laboral de la población joven. No obstante, salvo por el papel de salvaguarda que están ejerciendo por ahora las prestaciones de empleo, todo indica que la población joven experimentará con especial intensidad la probable merma en la actividad y de la crisis de empleabilidad que ya se observan a escala general. Por último, destaca que no hay que olvidar que la población joven no configura un grupo homogéneo, ya que bajo la etiqueta joven subyacen enormes desigualdades por razón de clase social, género, procedencia o riesgo de discriminación.
“Conocíamos los datos de 2019 y hablaban de precariedad y pobreza, así es como hemos entrado las personas jóvenes en esta crisis. Este informe explica que esta precariedad no sólo ha crecido durante el confinamiento, sino que puede dispararse después. Por eso es necesario abordar medidas específicas para la juventud y así evitar que las personas jóvenes paguemos la nueva crisis”, explica Manuel Ramos de la Rosa, Presidente del Consejo de la Juventud de España.
Por su parte, la Directora General del Instituto de la Juventud, María Teresa Pérez, señala la importancia de informes de este tipo pues “es imprescindible tener buenos diagnósticos para poder diseñar las políticas más eficaces”. Además, insiste en que “desde el gobierno debemos continuar en la línea de la protección social y laboral que ha marcado esta crisis con el Ingreso Mínimo Vital y el Acuerdo Social en defensa del empleo, pues son medidas que benefician a la juventud por su carácter transversal”.